Poner la lavadora, planchar o usar la vitrocerámica puede resultar más caro para los once millones de consumidores (hogares y pequeños negocios) que se mantienen en el mercado regulado que vuelve con un alza de precios de hasta más del 50 % en las horas puntas (las que van entre las 10.00 y las 14.00 y entre las 18.00 y las 22.00).
Según datos proporcionados por la organización de consumidores Facua, las sucesivas subidas de la luz registradas en España han permitido ingresar 21.600 millones adicionales a las compañías eléctricas desde que se inició la crisis, atracando a la población con la luz más cara de Europa. Colectivos sociales reclaman medidas como la nacionalización de las eléctricas, la bajada del IVA de la electricidad o la eliminación de la parte fija de la factura.
Facua organización que agrupa a más de 200.000 consumidores, echa en cara al Gobierno de coalición un nuevo incumplimiento de su pacto de investidura, en diciembre de 2019, PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a que los primeros kilovatios consumidos tendrían un precio inferior, un método para no perjudicar a los hogares más vulnerables. La discriminación horaria que ha fijado el Gobierno se aplica a partir del 1 de junio “causará importantes perjuicios a un elevado porcentaje de familias”.
“No se puede hacer responsable al consumidor de que su factura de la luz es cara porque no ha planchado o puesto las lavadoras, lavajillas y secadoras en los horarios más económicos —denuncia Facua—, ya que estos periodos precisa-mente coinciden con los momentos que deberían dedicarse al descanso”.
Las críticas también provienen de los socios del Gobierno. El diputado de Más País, Íñigo Errejón, denunciaba en redes sociales que el Gobierno se está olvidando de los problemas cotidianos de la ciudadanía. “Los bancos empiezan a cobrar comisiones ‘por mantenimiento’ al mismo tiempo que la luz sube en los horarios de consumo habitual. La vida cotidiana se hace más difícil. Y eso es lo que de verdad importa y la que debería ser la primera preocupación del Gobierno”.
El Observatorio de la sostenibilidad ha denunciado que hasta cuatro millones de españoles han caído en la “pobreza energética”, y sufren para pagar la electricidad. Y Cruz Roja ya ha avisado de que el 40% de las familias que recurren a su ayuda, ciudadanos hasta hace poco con renta media, no puede mantener la casa a una temperatura adecuada.
Los desorbitados precios de la luz también son un obstáculo para el desarrollo económico, asfixian a las pymes y los autónomos, incrementando las cifras del paro. El resultado de este “atraco eléctrico” es que nos empobrecemos… y ellos se enriquecen a nuestra costa. El mes pasado de mayo, recuerda Facua, ha finalizado con una subida interanual del 45,4% en el recibo de la luz, la cuarta factura más cara de la historia.
Las grandes eléctricas han manipulado las subastas para subir los precios. Esto es un fraude y un atraco a la población. Y deben pagar por ello ante los tribunales. Hay que investigar todos los abusos cometidos por las eléctricas y llevarlos a la justicia. Acaba de presentarse, por parte de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), una denuncia contra las compañías eléctricas ante el Fiscal General del Estado por presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de la luz y el de las subastas y concursos públicos. Ley de precios máximos, abolición del déficit eléctrico y persecución judicial de los abusos monopolistas. Esta es la alternativa para poner fin al “atraco eléctrico”.
El aumento de los precios del gas y de los derechos de emisión desde principios de año han encarecido la producción de electricidad en las plantas de ciclo combinado y esto se ha trasladado a toda la factura eléctrica a pesar de que el gas y los otros combustibles fósiles están detrás de apenas el 9% de toda la generación eléctrica en España.
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