SERRANÍA | MEDIO AMBIENTE

Silvema Ronda denuncia que las administraciones no apuestan por la depuración sostenible

María García | 26/02/2021
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Silvema Ronda denuncia que las administraciones no apuestan por la depuración sostenible
Silvema Serranía de Ronda - Ecologistas en Acción insta a los ayuntamientos de Arriate, Benaoján, Montejaque, Cortes de la Frontera y Jimera de Líbar a que exijan a ACUAES un sistema de depuración ecológica extensiva o mixta, más eficiente en depuración y que sus costes de mantenimiento sean viables para el futuro de los municipios. Para ello, han emitido el siguiente comunicado que reproducimos literalmente:  

Con motivo de la “Evaluación de Impacto Ambiental simplificada del Proyecto de Construcción, Saneamiento y Depuración en Arriate, Benaoján-Montejaque, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera con incidencia en la Cuenca del Río Guadiaro (Málaga)”, y a varios espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, Silvema Serranía de Ronda - Ecologistas en Acción advierte a las administraciones competentes, tras la firma del Convenio entre Acuaes, Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados, que lo proyectado no solventará el problema de los vertidos en dicha Cuenca y supone un derroche de fondos públicos, además de las afecciones ambientales que no se han tenido en cuenta.

En este sentido, desde esta asociación ecologista incidimos en que “estas administraciones vuelven a caer en errores del pasado” al descartar sin la debida justificación técnica, alternativas de depuración ecológica y extensivas o mixtas, apostando nuevamente por sistemas intensivos de depuración convencionales, con los importantes impactos económicos y ambientales que estos tienen, sin tener en cuenta la sensibilidad ambiental y protección que merece este entorno de la Red Natura 2000.

Según la Red de Información Ambiental de Ecologistas en Acción, 2 de cada 3 depuradoras de pequeños municipios andaluces no están funcionando o no cumplen con los valores de vertido que exige la normativa estatal y europea, lo que se debe principalmente a los altos costes de mantenimiento, operación y energético de los sistemas de depuración intensivos que impide que estos municipios puedan hacerles frente con cargo a sus modestos presupuestos municipales, aunado a la escasez de medios técnicos.

Asimismo, recordamos a estas administraciones que tanto las Naciones Unidas (Informe Mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos de 2017), como la propia Guía Europea de Procesos Extensivos de depuración de aguas residuales en aplicación de la Directiva del Consejo nº 91/271, de 21 de mayo de 1991, recomiendan la utilización de sistemas de depuración extensiva (ecológica) por sus altos rendimientos en depuración y sus bajos costes de construcción y mantenimiento.

La descentralización de los sistemas de depuración, al contrario de lo proyectado para la agrupación de vertidos de Montejaque y Benaoján, supone una estrategia global en los ODS de las NNUU al combinarse la eficacia de su tratamiento de las aguas residuales con la recuperación de los recursos hídricos al medio receptor, e incluso por compensación sustitutoria de caudales en escenarios de déficit hídrico, contribuyendo a una economía circular y a los ecoesquemas. Cuestión que es contradictoria con lo proyectado y que contraviene las políticas e iniciativas legislativas del propio Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).

Según los cálculos del propio proyecto en el Documento Ambiental (DA), sin contemplar el alto coste energético, la gestión de los residuos, la reposición de filtros y elementos electromecánicos, el coste de mantenimiento anual supondría para estos municipios entre un 6-10% de su presupuesto anual, lo que a todas luces es inviable económicamente, salvo que terminen pagando los vecinos dichos costes en su factura del agua, lo que supondría un nada desdeñable incremento que no todas las familias podrán asumir.

La consecuencia de lo anterior, es que se puede repetir la historia –de la que la administración parece no aprender- de derrochar fondos públicos europeos en unas infraestructuras que nacen condenadas a que no funcionen o no cumplan los parámetros legales de vertido, con las graves consecuencias que tendría lo anterior para la Cuenca y la Red Natura 2000.

Estas administraciones no pueden escudarse en que la revisión y mejora de lo proyectado no es posible porque dichas demoras supondría la pérdida de fondos FEADER, ya que el plazo para ejecutarlo es para 2023, un plazo más que suficiente para poder reformar los proyectos y continuar con su tramitación administrativa hasta su completa ejecución.

Precisamente estos altos costes de ejecución de infraestructuras hidráulicas y de depuración, técnicamente injustificados al no valorarse suficientes alternativas sostenibles –en acepción amplia- y contradiciendo las recomendaciones de organismos internacionales, en el uso de fondos públicos, son los que están siendo investigados por la fiscalía anticorrupción en la Comunidad de Aragón, y suponiendo incluso graves sanciones europeas y expedientes de devolución de fondos (subvenciones).

Sería imperdonable dejar escapar la posibilidad de ejecutar estas inversiones con fondos europeos por no abogar por un tratamiento de depuración extensivo (o mixto) que apueste por unos rendimientos ambiciosos de depuración superiores al 90% de reducción de la DBO5, aunado a un terciario de desnitrificación y defostatación que garantice el futuro cumplimiento de la normativa y la calidad ambiental en el medio receptor, cuando su coste de ejecución material incluso sería inferior al proyectado, por no hablar de su viabilidad por sus escasos o nulos mantenimiento, y duradera vida útil.

Por último, instamos a los ayuntamientos afectados por este proyecto que “no caigan en la trampa”, que hablen con alcaldes de otros municipios con este tipo de instalaciones proyectadas y visiten sus EDARs, como puede ser la de Casarabonela, y aseveren los problemas que acucian con este tipo de infraestructuras y sus dificultades económicas y técnicas para operarlas sin que puedan cumplir la normativa, ítem más cuando la tendencia a corto plazo es la de endurecer los parámetros que garanticen la inocuidad de los vertidos, y exijan a ACUAES y la Junta de Andalucía que reformen los proyectos, ya que en caso contrario “la factura” la van a terminar pagándola sus vecinos.

Desde Silvema Serranía de Ronda - Ecologistas en Acción, en la eventual situación de que las Administraciones implicadas en estos proyectos sigan en su empeño de ni tan siquiera estudiar en profundidad las alternativas que existen y las recomendaciones de los organismos internaciones, no descartan el elevar una queja formal a la Comisión Europea sobre el empleo de fondos públicos europeos en proyectos que a todas luces nacen heridos de inviabilidad, por todo lo ya expuesto.

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Tutankamon
28/02/2021 - 09:04H
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Comentario
Comentario deficiente!
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Esto suena a lo de siempre, obras faraónicas que vamos a terminar por pagar todos los vecinos unos innecesarios y altísimos costes, pero lo peor de todo es que encima seguiremos contaminando. ¡No aprendemos!. Bravo por el colectivo por su denuncia, ya estamos hartos de tanta incompetencia de administraciones.
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